Este mes hemos sufrido dos severos ataques a la privacidad y a otros derechos en España. A primeros de mes, un auto de un juzgado de lo mercantil de la provincia de Barcelona, malinterpretado por Tebas y la prensa servil, puso en alerta a muchos aficionados al fútbol que, debido a los desorbitados precios de los servicios que permiten ver los partidos (lo cual, en sí, daría para otro artículo), optaban por medios piratas para poder seguir a su equipo y se les amenazaba con multas, además de revelar sus datos personales. Con el paso de los días, se supo que los únicos que iban a ser multados eran aquellos que se lucraban compartiendo la señal con otros usuarios, pero nunca el consumidor final. Los medios recogieron cable como pudieron, de forma muy sigilosa. Días después, el juez Santiago Pedraz (juez estrella vinculado a la izquierda) decretó el cierre de Telegram en base a una demanda de Mediaset, Atresmedia y Movistar porque en dicha aplicación se compartían contenidos con derechos de autor. Y sólo por eso iban a cerrar una aplicación de mensajería que en España usamos 8 millones de personas, entre las cuales hay gente que la usa para comunicarse con su familia, empresas que la usan para coordinar su actividad económica, asociaciones de la sociedad civil que la usan para coordinar sus acciones y un largo etcétera. Dos días tardó el juez Pedraz en darse cuenta del desaguisado que estaba organizando y se echó atrás con su auto… de momento. Me habría gustado explayarme más en estos dos asuntos, pero apenas he tenido tiempo este mes. Sólo os pido, queridos lectores, que os mantengáis alerta, pues nuestros derechos y libertades fundamentales están amenazados continuamente en este nuevo gobierno antoniano. No bajéis la guardia, por favor.